La violencia obstétrica constituye toda acción u omisión deliberada ejecutada por el personal sanitario, que cause perjuicio físico, emocional o menoscabo de la dignidad de la mujer durante las etapas preconcepcional, gestacional, parto y posparto. Esta incluye la negligencia en la atención médica, la vulneración de derechos reproductivos y la imposición de prácticas clínicas no justificadas.
La exposición a violencia obstétrica desencadena respuestas neuroendocrinas asociadas al estrés crónico, como la hiperactivación del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal (HHA), lo que incrementa el riesgo de trastornos como depresión posparto (prevalencia del 15-25% en víctimas) y trastorno de estrés postraumático (reportado en el 10-20% de casos). Además, altera la vinculación madre-recién nacido, con consecuencias a largo plazo en el desarrollo infantil.
Según datos de la OMS (2021), aproximadamente el 42% de mujeres en países de ingresos medios-bajos experimentan alguna forma de violencia obstétrica. En América Latina, estudios reportan que:
En México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (DOF 29-04-2022) tipifica la violencia obstétrica como delito, exigiendo: